El Perú debe evaluar lo avanzado y construir una política educativa sostenible más allá de 2030.

El año 2030 ya no puede ser visto como una meta de llegada, sino como un punto de evaluación para decidir hacia dónde debe avanzar la educación peruana. Mientras la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 plantean el desafío de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, el Perú cuenta con un horizonte propio establecido por el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036 que fue planteado en un contexto país pre pandemia, distinto al que vivimos hoy. El reto consiste ahora en conectar ambos marcos con la realidad de un país marcado por profundas desigualdades territoriales, sociales y educativas.

El momento es especialmente importante. El país se encuentra ante la necesidad de evaluar lo avanzado, reconocer las brechas que permanecen y traducir las propuestas políticas del nuevo gobierno en decisiones educativas sostenibles. El Consejo Nacional de Educación ha advertido que persisten brechas territoriales, socioeconómicas, lingüísticas y relacionadas con la discapacidad, además de problemas de convivencia, bienestar socioemocional, violencia y continuidad de los aprendizajes. Su propuesta de elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026-2031 recoge precisamente la necesidad de mirar estas dificultades desde la evidencia y el diálogo con distintos actores.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto falta para cumplir determinadas metas, sino qué educación necesita el Perú después de 2030. La respuesta exige una mirada de largo plazo que trascienda los períodos gubernamentales y permita construir políticas de Estado capaces de sostenerse ante los cambios políticos, económicos y sociales.

Mirar el futuro antes de que llegue

La prospectiva educativa adquiere en este escenario una importancia especial. UNESCO ha iniciado en 2026 un ejercicio internacional para explorar tendencias, riesgos e incertidumbres que podrían definir la educación después de 2030. Entre los factores considerados aparecen el cambio climático, la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, las desigualdades, la desinformación, las amenazas a la democracia, los cambios demográficos y la transformación de los mercados laborales.

El Perú no puede permanecer al margen de esa conversación. Pero tampoco puede limitarse a importar modelos diseñados para otras realidades. La prospectiva debe partir de nuestras propias preguntas: ¿cómo garantizar aprendizajes de calidad en una escuela rural?, ¿cómo asegurar educación en comunidades amazónicas y zonas de frontera?, ¿cómo formar docentes para aulas cada vez más diversas?, ¿cómo incorporar inteligencia artificial sin ampliar las brechas existentes?, ¿cómo preparar a los estudiantes para trabajos que todavía no conocemos?

Pensar después de 2030 significa, por tanto, anticiparse. Una política educativa que solamente responde a emergencias termina administrando problemas; una política de Estado que mira hacia adelante puede convertir los cambios en oportunidades.

Evaluar el PEN 2036 para proyectar el siguiente horizonte

El PEN al 2036 constituye una referencia fundamental porque concibe la educación como un derecho y plantea una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Su horizonte no se limita a la escuela: reconoce que las familias, comunidades, organizaciones sociales, empresas y medios de comunicación también participan en la construcción de una ciudadanía educada y democrática.

Por ello, evaluar el PEN 2036 no debería entenderse como un ejercicio administrativo. Se trata de revisar el camino recorrido, reconocer las fortalezas, identificar aquello que no ha funcionado y convertir las debilidades en oportunidades de reforma.

Esta evaluación puede convertirse en uno de los principales insumos para construir una agenda educativa que trascienda gobiernos. El propósito no sería comenzar nuevamente cada cinco años, sino establecer acuerdos nacionales que permitan continuidad, evaluación y mejora permanente.

Los pilares de la educación que viene

La educación posterior al 2030 debería sostenerse, al menos, sobre algunos pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje a lo largo de la vida. La formación ya no puede entenderse como una etapa que termina al concluir la secundaria o la universidad. Los cambios tecnológicos y laborales obligarán a las personas a actualizar permanentemente sus conocimientos y competencias. El propio PEN 2036 incorpora esta perspectiva de educación permanente.

El segundo es la formación humana y ética. El pensamiento crítico, la responsabilidad, la convivencia democrática, la empatía, la resiliencia y el compromiso con el bien común no pueden quedar subordinados al aprendizaje técnico. En un contexto de desinformación y polarización, educar también significa formar ciudadanos capaces de discernir, dialogar y participar responsablemente, valorando y promoviendo el patrimonio cultural, material e inmaterial que caracteriza nuestra realidad pluricultural y plurilingüe.

El tercero es la transformación digital con sentido humano. La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, pero puede apoyar la enseñanza, personalizar determinados procesos y ampliar el acceso al conocimiento. Sin embargo, también plantea riesgos relacionados con la desigualdad, la privacidad, la dependencia tecnológica y la calidad de la información. UNESCO insiste en que su incorporación educativa debe estar guiada por principios de inclusión y equidad.

El cuarto es la sostenibilidad ambiental. El cambio climático no puede aparecer solamente como un contenido de Ciencias. Debe atravesar la gestión escolar, la infraestructura, los hábitos cotidianos, el currículo y la formación ciudadana. Educar para el futuro supone preparar a las nuevas generaciones para vivir responsablemente en un planeta sometido a crecientes presiones ambientales.

La escuela que debemos construir

Hablar de educación de calidad exige mirar la escuela completa. No basta con evaluar al docente o medir los aprendizajes de los estudiantes. Una institución educativa necesita equipos directivos preparados, personal administrativo eficiente, servicios de limpieza y mantenimiento, infraestructura segura, equipamiento adecuado, conectividad y recursos suficientes para desarrollar su misión.

También necesita docentes bien formados. La formación inicial debe dialogar con las necesidades reales de las aulas, mientras que la formación continua debe dejar de ser una actividad aislada para convertirse en un proceso permanente de desarrollo profesional. Metodologías, evaluación, programación curricular, competencias, tecnologías e inteligencia artificial deben estar al servicio de mejores aprendizajes, no convertirse en fines en sí mismos.

La escuela del futuro tendrá que ser, además, un espacio de convivencia y protección. La cultura de paz, la prevención de la violencia, el bienestar socioemocional, la salud física, la inclusión y el respeto a las diferencias deben formar parte de una política integral. Una escuela que enseña matemáticas pero no sabe construir convivencia difícilmente estará preparando ciudadanos para el Perú que viene.

Una educación que reconozca al Perú

El futuro educativo tampoco puede construirse desde una mirada uniforme del territorio. Las necesidades de una institución educativa urbana no son las mismas que las de una escuela rural, amazónica o ubicada en una zona de frontera. La equidad exige reconocer esas diferencias y asignar recursos de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

La educación peruana necesita fortalecer también su relación con el arte, la cultura y el patrimonio. La formación integral no consiste únicamente en preparar para el empleo. Significa ayudar a cada estudiante a comprender quién es, de dónde viene, qué sociedad comparte con los demás y qué responsabilidad tiene frente a las generaciones futuras.

Por eso, inclusión, equidad e igualdad de oportunidades deben convertirse en criterios concretos de política pública. No basta con declarar derechos: es necesario medir si esos derechos se cumplen en cada territorio y para cada población.

Financiar el futuro

Ninguna transformación educativa será sostenible sin financiamiento. Infraestructura, remuneraciones, formación docente, conectividad, tecnología, materiales, alimentación, mantenimiento y servicios requieren una inversión permanente y planificada. A escala mundial, UNESCO advierte que la insuficiencia de recursos constituye una de las principales amenazas para alcanzar las metas educativas.

En el Perú, la discusión debe avanzar desde cuánto se gasta hacia cómo se financia y cómo se utiliza cada recurso para garantizar mejores oportunidades de aprendizaje. Una política educativa sostenible necesita planificación multianual, transparencia, evaluación de resultados y mecanismos que reduzcan las desigualdades territoriales.

Más allá de los gobiernos

La gran tarea consiste en construir una visión educativa que no dependa exclusivamente de quien ocupe el Palacio de Gobierno o el Ministerio de Educación. Los gobiernos cambian; el derecho de los estudiantes permanece.

Después de 2030, el Perú necesitará una educación capaz de anticipar los cambios sin perder su dimensión humana; incorporar tecnología sin abandonar el pensamiento crítico; formar para el trabajo sin reducir la educación al empleo; promover innovación sin olvidar la equidad; y preparar ciudadanos para convivir en democracia, cuidar el ambiente y servir al bien común.

Educación & Sociedad tiene también una responsabilidad en este proceso: contribuir a una conversación pública informada sobre el futuro educativo del país. Este es un momento para revisar lo actuado, escuchar a docentes, estudiantes, familias, especialistas y comunidades, y construir acuerdos que puedan permanecer más allá de una administración. En ese sentido, el desafío no es imaginar una escuela para el futuro. Es comenzar hoy a construirla.