Infraestructura educativa: el reto de construir una política de Estado y no solo nuevos colegios

El anuncio llegó durante el Mensaje a la Nación. Entre las prioridades del Gobierno figura la expansión y el mejoramiento de la infraestructura educativa, una decisión que coincide con uno de los compromisos incluidos en el Plan de Gobierno: estandarizar el diseño y la operación de los locales escolares, fortalecer el monitoreo del proyecto Escuelas Bicentenario y asegurar una mejor gestión de los recursos destinados a la construcción y mantenimiento de colegios.

La propuesta responde a una realidad que permanece visible en distintas regiones del país. Mientras instituciones educativas recientemente inauguradas cuentan con laboratorios, bibliotecas y espacios deportivos modernos, otras continúan desarrollando sus actividades en ambientes que requieren reconstrucción, servicios básicos o intervenciones urgentes para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Casos registrados en regiones como Loreto, donde numerosas instituciones deben adaptarse a las condiciones de la Amazonía; Puno, donde las bajas temperaturas exigen infraestructura térmicamente adecuada; o Piura, afectada periódicamente por lluvias intensas y fenómenos climáticos, muestran que la infraestructura escolar no puede planificarse con un único modelo para todo el territorio nacional. Cada región plantea desafíos distintos y demanda soluciones técnicas diferenciadas.

El propio Plan de Gobierno reconoce esa diversidad al proponer diseños adaptados a los contextos geográficos del país. La medida representa un avance respecto de modelos uniformes aplicados durante años, aunque su éxito dependerá de la capacidad del Estado para ejecutar, supervisar y conservar las obras una vez concluidas.

La necesidad de mantener una visión de largo plazo también ha sido planteada por el Proyecto Educativo Nacional al 2036, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, documento que sostiene que el país debe asegurar condiciones dignas para el aprendizaje mediante políticas públicas sostenidas y articuladas entre los distintos niveles de gobierno. El texto advierte que la mejora de la calidad educativa requiere espacios seguros, inclusivos y adecuados para enseñar y aprender.

Las cifras reflejan la dimensión del desafío. El sistema educativo peruano atiende a más de ocho millones de estudiantes y comprende más de cincuenta y cinco mil instituciones educativas distribuidas en costa, sierra y selva. Reducir la brecha de infraestructura implica no solo construir nuevos colegios, sino asegurar programas permanentes de mantenimiento, equipamiento, conectividad y gestión preventiva.

En ese contexto, el seguimiento del proyecto Escuelas Bicentenario adquiere una importancia estratégica. Más allá del número de instituciones entregadas, el principal indicador será conocer si esas escuelas mantienen estándares de calidad con el paso del tiempo y si logran mejorar efectivamente las condiciones de aprendizaje de estudiantes y docentes.

El verdadero desafío, no consiste únicamente en inaugurar nuevas obras. Consiste en asegurar que dentro de diez o veinte años esos colegios continúen ofreciendo ambientes seguros, funcionales y acordes con las necesidades de las nuevas generaciones. Esa continuidad es la que distingue una política pública de una sucesión de proyectos aislados.

En Educación & Sociedad consideramos que la infraestructura educativa constituye uno de los pilares del desarrollo nacional. Cada colegio que se construye con criterios de calidad, pertinencia territorial y sostenibilidad fortalece el derecho a la educación y contribuye a reducir brechas históricas. Informar sobre estos procesos, promover una ciudadanía vigilante y fomentar el debate sobre políticas públicas de largo alcance forma parte de nuestro compromiso de informar, formar y trascender, porque la transformación social también comienza en los espacios donde aprenden las futuras generaciones.