El Plan Nacional de Educación Quinquenal 2026-2031 plantea una hoja de ruta para transformar el sistema educativo. El desafío es convertir sus objetivos en entornos de aprendizaje dignos, inclusivos y pertinentes, con prioridad en las zonas rurales, las comunidades indígenas y las localidades de frontera.

La transformación educativa del Perú no se logrará únicamente con nuevas infraestructuras, cambios curriculares o mejores resultados en las evaluaciones. Su principal desafío es crear las condiciones para que cada estudiante aprenda, desarrolle sus capacidades, se forme en valores y se convierta en un ciudadano capaz de contribuir al bien común.

La Resolución Ministerial N.° 586-2026-MINEDU, del 24 de septiembre de 2026, aprueba el Plan Nacional de Educación Quinquenal 2026-2031: «Primero: La Educación», una hoja de ruta para orientar las políticas educativas durante los próximos cinco años. Su implementación exige articular las decisiones nacionales con las necesidades concretas de las instituciones educativas, las familias y las comunidades. [1]

La pregunta fundamental es cómo garantizar que los objetivos y las intervenciones se traduzcan en mejores oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su condición económica, lengua, cultura o lugar de residencia.

Objetivos: aprender para desarrollarse y convivir

La política educativa debe integrar tres dimensiones inseparables: los aprendizajes fundamentales, la formación integral de la persona y el ejercicio de una ciudadanía responsable.

El plan de estudios es de suma importancia para comprender la realidad y desenvolverse en una sociedad en permanente transformación. Sin embargo, estos aprendizajes necesitan complementarse con la educación en valores, el desarrollo socioemocional, el pensamiento crítico, la convivencia democrática y el respeto por la dignidad humana.

La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la empatía, el cuidado del ambiente, la cultura, no pueden quedar reducidos a declaraciones institucionales ni a contenidos que se memorizan para una evaluación. Deben expresarse en las relaciones cotidianas, las decisiones, las normas de convivencia y la manera en que la comunidad educativa resuelve sus conflictos.

La escuela forma ciudadanos cuando enseña a escuchar, argumentar, respetar las diferencias, cumplir los compromisos, participar en las decisiones colectivas y reconocer que los derechos conllevan responsabilidades. Por eso, la calidad educativa debe evaluarse tanto por lo que el estudiante aprende como por las oportunidades que tiene para desarrollar sus capacidades humanas y convivir con los demás.

Ámbitos de aplicación: la equidad debe llegar a cada territorio

Una política nacional solo adquiere sentido cuando responde a la diversidad del país. El Perú necesita una estrategia que reconozca las distintas condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales y lingüísticas en las que se desarrolla la experiencia educativa.

La educación rural requiere una atención prioritaria. Las distancias entre las viviendas y las escuelas, las dificultades de transporte, la conectividad limitada, la dispersión poblacional y las condiciones de infraestructura pueden afectar la asistencia, la continuidad escolar y los aprendizajes. No basta con asegurar una matrícula: es necesario garantizar docentes preparados, materiales pertinentes, servicios básicos, acompañamiento pedagógico y condiciones que permitan culminar satisfactoriamente la trayectoria educativa.

Las comunidades indígenas y los pueblos originarios necesitan una educación intercultural y lingüísticamente pertinente. La lengua materna, los conocimientos ancestrales, la historia de la comunidad y su relación con el territorio deben ser reconocidos como recursos educativos. Una escuela que valora la identidad cultural fortalece la autoestima del estudiante y facilita el diálogo entre los saberes de su comunidad y el conocimiento científico. La interculturalidad no debe significar una educación de menores expectativas, sino una oportunidad para aprender con pertinencia y alcanzar los mismos derechos educativos.

Las zonas de frontera merecen una atención estratégica. En estos territorios, la escuela puede ser un espacio decisivo para fortalecer la identidad nacional, la convivencia intercultural, la participación ciudadana y las oportunidades de desarrollo. Se requieren servicios educativos accesibles, conectividad, docentes con estabilidad y preparación, y propuestas pedagógicas que consideren las características de las poblaciones fronterizas.

La prioridad territorial debe traducirse en decisiones presupuestales, metas verificables y servicios diferenciados según las necesidades. La equidad no consiste en distribuir exactamente lo mismo en todas partes, sino en ofrecer a cada comunidad los recursos y apoyos que necesita para que sus estudiantes puedan aprender en condiciones dignas.

La Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 013-2018-MINEDU, constituye un antecedente normativo relevante al establecer la necesidad de servicios pertinentes a las características socioculturales de esta población. [2]

Articulación estratégica: una responsabilidad compartida

La transformación educativa no puede depender exclusivamente del Ministerio de Educación ni del esfuerzo individual de cada docente. Necesita una articulación efectiva entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, las direcciones y unidades de gestión educativa, las instituciones escolares, las familias y las organizaciones de la sociedad civil.

Esta coordinación debe conectar los objetivos del plan nacional con los instrumentos de planificación, los presupuestos, las responsabilidades institucionales y los resultados esperados. También debe fortalecer el vínculo entre educación, salud, alimentación, protección de la niñez, cultura, conectividad y desarrollo territorial.

Una escuela con estudiantes que llegan sin alimentación adecuada, que carecen de agua segura o que no cuentan con espacios apropiados para estudiar enfrenta dificultades que no puede resolver únicamente desde el aula. La respuesta requiere coordinación intersectorial y compromisos concretos.

Los directores deben ejercer un liderazgo pedagógico capaz de movilizar a la comunidad educativa. Los docentes necesitan formación continua, recursos y acompañamiento para responder a la diversidad de sus estudiantes. Las familias, por su parte, deben ser reconocidas como corresponsables de la educación, mediante una relación de diálogo, confianza y colaboración con la escuela.

La articulación estratégica también supone que los planes regionales y locales no sean documentos aislados, sino instrumentos que identifiquen brechas, establezcan prioridades y orienten los recursos hacia los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes.

Intervenciones: crear entornos donde aprender sea posible

Las intervenciones educativas deben responder a un propósito común: garantizar que cada institución educativa sea un entorno seguro, saludable, inclusivo, estimulante y favorable para aprender y formarse como persona.

Para ello, es necesario avanzar de manera articulada en los siguientes ámbitos:

1. Infraestructura y servicios básicos. Las escuelas requieren aulas seguras, mobiliario adecuado, agua potable, saneamiento, electricidad, iluminación, espacios recreativos y condiciones de accesibilidad. La infraestructura no es un fin en sí mismo: debe facilitar el aprendizaje, el bienestar y la convivencia.

2. Conectividad, equipamiento y ciudadanía digital. El acceso a internet y a dispositivos tecnológicos debe acompañarse de capacitación docente, mantenimiento, soporte técnico y financiamiento sostenible. La incorporación de la inteligencia artificial exige, además, enseñar a verificar información, proteger los datos personales, respetar la autoría y utilizar estas herramientas con pensamiento crítico y responsabilidad. La tecnología debe reducir las brechas, no ampliarlas.

3. Fortalecimiento docente y liderazgo directivo. La formación profesional debe responder a las necesidades reales del aula, la diversidad cultural, la innovación pedagógica, la evaluación formativa y el desarrollo socioemocional. Los directores necesitan herramientas para conducir procesos de mejora, acompañar a sus docentes y construir comunidades de aprendizaje.

4. Educación en valores y convivencia. La formación ética debe integrarse en el currículo, la tutoría, los proyectos escolares y las relaciones cotidianas. La prevención de la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la inclusión, la participación estudiantil y el servicio a la comunidad son experiencias concretas para aprender ciudadanía. No basta con hablar de respeto: es necesario que cada estudiante se sienta respetado.

5. Pertinencia cultural y territorial. Las escuelas rurales, interculturales bilingües y de frontera necesitan recursos, estrategias y calendarios pedagógicos que respondan a su contexto sin sacrificar los aprendizajes fundamentales. Los conocimientos locales, el patrimonio cultural y el cuidado del territorio pueden convertirse en oportunidades para investigar, leer, escribir, desarrollar el pensamiento científico y fortalecer la identidad.

6. Bienestar y permanencia escolar. Es necesario identificar oportunamente las dificultades de aprendizaje, el ausentismo, los riesgos de abandono y las necesidades de apoyo socioemocional. La coordinación con los servicios de salud y protección social puede contribuir a que los estudiantes permanezcan en la escuela y culminen sus estudios.

Estas intervenciones deben contar con metas, responsables, presupuesto, indicadores de avance y mecanismos de seguimiento. El número de obras ejecutadas, dispositivos distribuidos o docentes capacitados importa, pero también es indispensable comprobar si esas acciones mejoran los aprendizajes, la asistencia, la convivencia y las oportunidades de desarrollo.

Del plan a la experiencia cotidiana del estudiante

La aprobación de un plan nacional representa un punto de partida, no el resultado final de una transformación. Su eficacia dependerá de la capacidad del Estado para convertir los objetivos en servicios oportunos, sostener las intervenciones y evaluar sus efectos en la vida de los estudiantes.

El seguimiento debe considerar los aprendizajes fundamentales, la permanencia escolar, la calidad de la enseñanza, la convivencia, la participación ciudadana y las brechas entre territorios. Los resultados necesitan hacerse públicos y orientar decisiones correctivas cuando las metas no se cumplen.

La prioridad rural, indígena y fronteriza debe expresarse en acciones comprobables y sostenidas. No se trata de ofrecer soluciones temporales, sino de garantizar condiciones estables para que cada escuela cumpla su misión educativa.

La educación de calidad comienza cuando el estudiante encuentra un entorno que lo acoge, un docente que lo acompaña, oportunidades para desarrollar sus talentos y una comunidad que reconoce su dignidad. En ese espacio aprende conocimientos, construye su identidad, descubre el valor de los demás y comprende que su libertad implica responsabilidad.

El verdadero alcance de «Primero: La Educación» se medirá, en definitiva, por la capacidad de garantizar que todos los estudiantes aprendan y se formen como ciudadanos, especialmente quienes viven en los territorios donde las oportunidades han sido históricamente más limitadas.